Contexto
“tenemos el compromiso de seguir acompañando a la gente”
El objetivo principal de nuestra Asociación de Sobrevivientes de la Masacre del Sumpul y Otras Masacres de Chalatenango es dignificar a todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia represiva del estado durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992). Los miembros de la Asociación estamos trabajando para preservar la memoria histórica de las masacres ocurridas durante la guerra civil, reconocer y revalorizar la organización popular de nosotros los campesinos y nuestras luchas contra la violencia de estado, así como también buscamos la reparación moral y material de todos los sobrevivientes.
La constitución de nuestra Asociación es el resultado de un proceso orgánico y representa el esfuerzo de una larga historia de lucha y organización popular en busca de la justicia social y la transformación política. Durante. la guerra civil, nosotros los campesinos de Chalatenango estuvimos involucrados en diversas formas de organización social en defensa de nuestras vidas, tierras, hogares y familiares tales como directivas de Poder Popular Local, PPL, y organizaciones como CRIPDES y CCR, con las cuales se fue generando un fuerte sentido de responsabilidad social que sigue estructurando nuestra vida social y política hoy en día. El proceso de repoblaciones ha sido uno de los eventos históricos más importantes de nuestra historia y significó un logro colectivo en el que participaron tanto las organizaciones populares salvadoreñas como intelectuales orgánicos y líderes religiosos. Al finalizar la guerra, muchos de nosotros continuamos políticamente activos participando como líderes comunales y ganando espacios institucionales. tales como alcaldías, a medida que se ha ido reconfigurando el poder político regional.
Desde 1992, acompañados por el Padre Jon Cortina y otros sacerdotes de la zona, comenzaron las conmemoraciones en el sitio de la masacre, donde antes existía el caserío de Las Aradas, cada 14 de mayo, todos los años, hasta hoy, con la participación masiva de las comunidades de Chalatenango. Después de. la conmemoración del 2010, surgió un debate entre algunas de las personas sobrevivientes y colaboradores de las conmemoraciones sobre la necesidad de asumir mayor protagonismo como víctimas y sobrevivientes. Decidimos que era necesario hacer un trabajo de documentación de testimonios, de educación y de comunicación hacia la población en general.
Este mismo año, la oficina de Tutela Legal del Arzobispado –hoy Asociación de Derechos Humanos María Julia Hernández– nos informó que el proceso legal, iniciado en 1992, nunca fue archivado y sigue abierto en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, por los que nos proponían reactivarlo con nuevas diligencias e incluyendo nuevos testigos y demandantes.
Ante estas nuevas circunstancias, realizamos el 27 de febrero del 2011 en Chalatenango la primera “Asamblea de Víctimas y Sobrevivientes” de la Masacre del Río Sumpul, donde acordamos un plan en base a tres líneas de trabajo: acciones de visibilización y documentación de la masacre, reactivación del proceso legal y protección del sitio de Las Aradas. En los años siguientes, tuvimos los primeros avances.
En el 2012, después de dos años de gestiones como Comité de Víctimas, y después de una investigación y un levantamiento topográfico por parte de la Secretaría de la Cultura de la Presidencia, esta declaró el lugar de la masacre “sitio histórico” y “bien cultural”, con lo cual se dictaban medidas de protección para este sitio. Fue el primer reconocimiento oficial por una instancia del estado de la existencia e importancia de la masacre.
En el 2013, luego de diversas reuniones, tomamos la decisión de participar en el censo nacional de víctimas, promovido por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con diversas organizaciones de derechos humanos. Organizamos un equipo y censamos 300 familias, víctimas de la Masacre del Río Sumpul con el fin de romper con el silencio histórico y sensibilizar a la sociedad salvadoreña sobre la historia de opresión, sufrimiento y resistencia de nosotros los campesinos durante los terribles años de la guerra. Durante este proceso, promovimos diversas actividades tales como: documentación de masacres en Chalatenango, recolección de testimonios de sobrevivientes, acompañando a individuos y familias en los procesos legales de exhumaciones e investigaciones de masacres durante la guerra, realizando pequeños monumentos y memoriales, patrocinando eventos comunitarios y organizando conmemoraciones de masacre, todo esto con el firme propósito de recuperar y dignificar la historia de lucha de nuestras comunidades.
En el 2013, 2014 y 2015, con apoyo de Iniciativa Cristiana Romero en Alemania, se realizaron talleres en diferentes zonas con cerca de 80 sobrevivientes y víctimas de la masacre, para que ellas mismas escribieran sus recuerdos y “retratos hablados” de las personas que conocieron y fallecieron en la masacre, sean estos familiares, vecinos o amigos/as. Este material, junto con ilustraciones aportadas por las personas, es la base para un libro en proceso de producción, que incluye además un relato del operativo y fotos que un periodista chileno tomó semanas después de la masacre en el lugar.
Desde sus inicios, el Comité ha trabajado estrechamente con la comunidad de sobrevivientes, realizando asambleas comunitarias con el fin de identificar necesidades locales, priorizar proyectos sociales y poder llevar a cabo talleres de capacitación en diversas áreas. Todas estas asambleas comunitarias han sido nuestra guía y han perfilado nuestra filosofía de trabajo como Comité, la cual se basa no solo en un profundo sentido de solidaridad entre todos los sobrevivientes de las masacres y sus familiares sino también en las experiencias compartidas de sufrimiento durante nuestra lucha a favor de la justicia social y en contra la opresión y la violencia del estado.
En el 2016, adquirimos un terreno en Las Aradas con el apoyo financiero de la comunidad local, nacional e internacional. La escritura está provisionalmente a nombre de tres propietarios miembros del comité, en forma mancomunada. El mismo año, trabajamos una propuesta de estatutos que fue validada en asamblea en marzo 2017, donde también se decidió abrir el mandato de la asociación para víctimas y sobrevivientes de otras 58 masacres identificadas en Chalatenango.
Elección de la Junta Directiva, 11 de agosto de 2017.
En agosto de 2017, nosotros como comité extendimos nuestros mandatos y líneas de trabajo de solo los sobrevivientes de la masacre del Sumpul a los sobrevivientes de las 58 masacres identificadas hasta la fecha en el departamento de Chalatenango. En agosto 2017, se convocó a una asamblea constituyente, incluyendo representantes de otras masacres, para iniciar el proceso de registro legal de la asociación y se eligió una nueva Junta Directiva provisional, hasta que sean aprobados los estatutos por el Ministerio de Gobernación.
La Asociación está abriendo nuevos caminos de empoderamiento y justicia para cientos de sobrevivientes enfatizando la justicia social, los derechos humanos, la solidaridad, el trabajo colectivo, el conocimiento local y la memoria histórica. Asimismo, estamos trabajando para concientizar y formar a una nueva generación de salvadoreños sobre la historia de la guerra y cumplir con las recomendaciones –todavía no satisfechas– de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador de 1993, la cual establece que las víctimas de las atrocidades patrocinadas por el estado se conmemoren debidamente.
Nuestro primer gran proyecto, como Asociación ya legalmente establecida, es recaudar fondos para establecer un parque conmemorativo en Las Aradas, el sitio de la Masacre del Río Sumpul, el cual compramos a un propietario privado en 2016. En colaboración con aliados locales, nacionales e internacionales, estamos trabajando en el diseño del parque memorial mientras se continúa preservando la memoria a través de la documentación de testimonios, el mapeo y la preservación de otros sitios de masacre en toda la región, y el desarrollo de programas para la educación y justicia.
